El partido de derecha VOX de España ha pedido que Marruecos co-anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2030 sea reconsiderado después de la invasión masiva de la semana pasada de Ceuta.
El partido ha presentado una moción no vinculante al Parlamento español instando al gobierno a pedir a la FIFA que revise el papel de Marruecos en la competencia.
VOX argumentó que los acontecimientos del 30 al 31 de julio, cuando alrededor de 72.000 personas cruzaron de Marruecos al enclave español de Ceuta, habían destruido la confianza necesaria para una propuesta conjunta de la Copa Mundial.
En su propuesta, el partido acusó a Marruecos de utilizar la migración como medio de coacción política contra España, alegando que el reino había demostrado que no era un socio leal, ya sea para acoger un evento deportivo de tal importancia o para una cooperación bilateral más amplia.
VOX describió el cruce de masas como un “acto de guerra contra España” e insistió en que no podía ir sin respuesta.
El partido también sostuvo que el rápido movimiento de decenas de miles de personas exponía las debilidades estructurales de Marruecos y planteó serias dudas sobre su capacidad de proporcionar las garantías de seguridad y organización necesarias para un torneo que se espera atraer a millones de partidarios.
Advirtió que permitir a Marruecos acoger la final de la Copa Mundial bajo tales circunstancias sería considerado como “una humillación deliberada” de España.
VOX es el segundo partido español en los últimos días para cuestionar el papel de Marruecos en el torneo.
El miércoles, Sumar de extrema izquierda, socio junior del gobierno de coalición del Primer Ministro Pedro Sánchez, presentó su propia moción parlamentaria pidiendo a las autoridades deportivas españolas que reconsideren el acuerdo de alojamiento conjunto con Marruecos y Portugal por motivos de derechos humanos.
Aunque ambas mociones no son vinculantes y ninguno de los partidos tiene suficiente apoyo parlamentario para forzar un cambio de política, las intervenciones ponen de relieve un creciente malestar político tras la crisis de Ceuta, en la que más de 80 personas habrían muerto intentando llegar al territorio español.
El debate viene cuando Sánchez se enfrenta a un escrutinio sobre la respuesta de su gobierno a la crisis en medio de afirmaciones de que los servicios de inteligencia de España advirtieron al gobierno días antes del cruce de masas.