La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el presidente Javier Milei que prohibía el acceso de menores de 18 años a tratamientos de afirmación de género. La medida cautelar restableció la plena vigencia de la Ley de Identidad de Género mientras continúa el proceso judicial que deberá definir la constitucionalidad del decreto.

La resolución fue dictada por la Sala V del tribunal tras hacer lugar a una apelación presentada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. El fallo tiene alcance nacional y deja sin efecto, por el momento, la prohibición que regía desde febrero de 2025 para acceder a terapias hormonales y otros tratamientos médicos destinados a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida.

“SIN JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE”

Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo modificó mediante un decreto una norma aprobada por el Congreso sin acreditar circunstancias excepcionales que justificaran el uso de un decreto de necesidad y urgencia. En ese sentido, señalaron que la medida estableció “una restricción absoluta de un derecho que el Congreso de la Nación había reconocido, sin justificación suficiente”, lo que podría constituir un exceso en el ejercicio de las facultades del Ejecutivo.

El tribunal remarcó que la Ley de Identidad de Género ya contemplaba un procedimiento específico para los menores de edad, basado en el análisis individual de cada situación. Ese esquema exigía el consentimiento del adolescente y de sus representantes legales o, en caso de desacuerdo, la intervención de la Justicia con participación del abogado del niño, asesores de menores y equipos interdisciplinarios de salud.

Según los camaristas, el decreto reemplazó ese sistema por una prohibición general que eliminó la evaluación caso por caso prevista en la legislación vigente. Además, consideraron que mantener la restricción durante la tramitación de la causa podía provocar perjuicios irreparables para adolescentes que ya se encontraban bajo tratamiento, por lo que hicieron lugar a la medida cautelar.

La Cámara también cuestionó la fundamentación del Poder Ejecutivo al señalar que el decreto incluía referencias generales, pero no explicaba las razones de necesidad y urgencia exigidas por la Constitución para modificar una ley mediante ese mecanismo.