La Provincia modificó el Código de Faltas para sancionar con entre 5 y 30 días de arresto o multas económicas a quienes agredan, insulten, hostiguen o perturben a docentes, trabajadores de la salud y empleados de servicios públicos esenciales durante el ejercicio de sus funciones.

La medida quedó establecida mediante la Ley 15.647, impulsada por el senador Sergio Vargas. Reforma el artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73, que tipifica faltas por las que intervienen los juzgados de paz o del fuero correccional. Con esta normativa se amplía el alcance de la protección prevista en la legislación Provincial, que anteriormente solo contemplaba sanciones específicas por hechos de violencia contra trabajadores de la educación.

Más allá de los días de arresto, las multas pecuniarias oscilarán entre el 50% y el 100% del haber mensual que percibe un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense (1,1 a 1,3 millón de pesos). La sanción alcanza a las conductas que ocurran dentro de establecimientos educativos públicos o privados, centros de salud, dependencias de atención al público o en sus inmediaciones. Entre las acciones penalizadas figuran el hostigamiento, el maltrato, los insultos, las provocaciones que generen escándalo y los actos de violencia física que no constituyan un delito de mayor gravedad. Asimismo, contempla el arrojo de objetos contra los trabajadores o bienes de utilidad pública, el ingreso no autorizado a sectores restringidos y la negativa a retirarse cuando lo solicite el personal.

Aprobada a fines de septiembre en la Legislatura, la ley determina que las penalidades se duplicarán en los casos en que las agresiones se ejecuten frente a alumnos, pacientes o menores de edad.

Se busca frenar situaciones que interfieren directamente con la atención al público y la prestación de servicios básicos.

La sanción del nuevo marco responde a un escenario de marcada conflictividad en las escuelas y centros asistenciales de la Región y del territorio bonaerense. El 1 de octubre, una seguidilla de agresiones físicas y verbales de padres y otros familiares de estudiantes contra directivos y maestros en distintos distritos —incluyendo episodios violentos reportados en escuelas de La Plata y Ensenada— derivó en un paro sorpresivo de 24 horas. Lo convocaron los gremios docentes para exigir medidas urgentes de resguardo y seguridad en los establecimientos educativos.

A ese complejo panorama se sumaron en las últimas semanas las recurrentes protestas y paros docentes que paralizaron la actividad en los colegios de la zona, atravesados tanto por el reclamo de recomposición salarial como por las demandas de condiciones laborales dignas, mejores prestaciones de IOMA y el cese de los hechos de violencia en las aulas.

Frente a este contexto de tensión, la entrada en vigencia de las penalidades busca sentar un límite legal estricto para proteger la integridad del personal estatal en sus puestos de trabajo.