INSTITUTO DE ECONOMÍA APLICADA

Universidad del Este

Durante años, una de las principales características del sistema financiero argentino fue su escasa capacidad para canalizar el ahorro hacia el crédito privado. El crédito bancario representaba una proporción reducida del producto y buena parte de los recursos de las entidades terminaba financiando al sector público. La situación comenzó a modificarse con la estabilización macroeconómica y el cambio en la composición de los balances bancarios: en diciembre de 2025, el financiamiento a empresas y familias ya explicaba 44% del activo total del sistema, mientras que el financiamiento al sector público había descendido a 28%.

El proceso continuó durante 2026, aunque con una dinámica más heterogénea. En junio, el crédito bancario en pesos al sector privado equivalía a 9,2% del PBI y, sumando las financiaciones en moneda extranjera, alcanzaba 12,3%. El dato muestra una recuperación significativa respecto de los niveles de los últimos años, pero también permite dimensionar el problema: incluso después de la expansión reciente, el sistema financiero argentino continúa teniendo una profundidad crediticia muy baja en términos internacionales.

El problema es que expandir el crédito no significa necesariamente que el financiamiento sea accesible. Las tasas activas continúan siendo elevadas, especialmente para las familias. En junio, los préstamos personales registraron una tasa nominal anual promedio de 66,6%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron 85,2%. En el segmento empresarial, los adelantos en cuenta corriente promediaron 40,8% y los documentos a sola firma 29,4%. Aunque se encuentran por debajo de los valores observados un año atrás en varias líneas, siguen representando un costo elevado para empresas y hogares.

El crecimiento del crédito también comenzó a mostrar una contracara en la calidad de las carteras. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 7,7% en mayo, 0,4 puntos porcentuales más que en abril. El deterioro está fuertemente concentrado en las familias: la morosidad de los hogares llegó a 12,8%, mientras que en las empresas fue de 3,5%.

La diferencia resulta relevante. Mientras las empresas todavía presentan niveles de incumplimiento relativamente acotados, los hogares enfrentan una presión mayor sobre sus ingresos. El crecimiento del crédito al consumo durante la recuperación puede haber permitido recomponer parcialmente el poder de compra, pero también incrementó el peso de las obligaciones financieras sobre presupuestos que todavía no recuperaron plenamente su capacidad de pago.

Cobra importancia la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

En este contexto cobra importancia la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El debate no es menor porque implica redefinir qué lugar debe ocupar la autoridad monetaria en un sistema financiero que busca pasar de una economía caracterizada por la escasez de crédito a otra con mayor intermediación financiera.

La Carta Orgánica vigente le asigna al BCRA, entre otras funciones, la regulación del sistema financiero, las tasas de interés y las condiciones del crédito, además de la posibilidad de orientar su destino mediante requisitos de reservas y otros instrumentos. También establece entre sus facultades la regulación de las condiciones del crédito en materia de riesgo, plazos, tasas, comisiones y cargos, así como políticas diferenciadas para pequeñas y medianas empresas y economías regionales.

La discusión sobre una eventual reforma debería entonces responder una pregunta de fondo: ¿qué Banco Central necesita una economía que busca profundizar su mercado de crédito? Una autoridad monetaria concentrada exclusivamente en preservar la estabilidad nominal y financiera puede contribuir a generar las condiciones necesarias para el crédito, pero el sistema también requiere reglas que favorezcan la competencia, reduzcan costos de intermediación y permitan extender los plazos de financiamiento.

En paralelo, el Gobierno y el BCRA vienen impulsando una mayor utilización del dólar dentro del sistema financiero. En dicho marco se inscriben las medidas recientemente anunciadas que flexibilizan las condiciones para que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares a empresas que no necesariamente generan ingresos en esa moneda. El objetivo es ampliar el universo de potenciales tomadores y aprovechar la creciente disponibilidad de depósitos en moneda extranjera para canalizarlos hacia el crédito. La medida supone un cambio relevante respecto del criterio tradicional, que buscaba limitar el riesgo de descalce cambiario entre los ingresos del deudor y la moneda de la deuda.

La flexibilización, sin embargo, también introduce una discusión sobre el riesgo. Prestar en dólares a una empresa cuyos ingresos están denominados en pesos puede resultar conveniente si el crédito se utiliza para adquirir activos o insumos cuyo valor está vinculado al dólar, pero puede convertirse en un problema si se produce una variación cambiaria significativa y el deudor no cuenta con mecanismos de cobertura. Por eso, el desafío no pasa solamente por aumentar el volumen de crédito en moneda extranjera, sino por asegurar que su asignación responda a una lógica económica sostenible. El sistema financiero argentino atraviesa así una etapa de transformación. Los bancos están dejando progresivamente de ser grandes financiadores del Estado para recuperar su función tradicional de intermediarios entre ahorro e inversión.

El crédito crece, especialmente en moneda extranjera, pero todavía tiene un costo elevado y la morosidad de los hogares comienza a mostrar los límites de una expansión demasiado rápida. La eventual reforma de la Carta Orgánica y las nuevas reglas para el crédito en dólares forman parte de una misma discusión: cómo construir un sistema financiero más profundo sin trasladar al sector privado riesgos que terminen comprometiendo su estabilidad.