La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó ayer a la Quinta de Olivos, donde rechazó el plan de retiros voluntarios que oficializó esta semana el Gobierno y que podría alcanzar a más de 20.000 empleados públicos.
Con el presidente, Javier Milei, de viaje en España, el gremio estatal decidió movilizar no solo contra el programa de retiros voluntarios, sino además contra su financiación, “a través de un crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, según el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Santiago) Caputo se sigan llenando de plata”, aseguró Aguiar.
El programa al que aludió gremialista establece, entre otras cosas, que “quienes adhieran no podrán reingresar a la Administración pública Nacional por 8 años”.
El reclamo incluyó demandas como “la pérdida del poder adquisitivo; las paritarias por debajo de la inflación; el deterioro de los ingresos; el pluriempleo y los despidos”, entre otras.