Los consumidores no tienen un ámbito efectivo donde plantear las falencias del servicio eléctrico de la Ciudad. Su incidencia en los organismos creados para protegerlos es prácticamente nula y en muchos casos para lograr una respuesta deben recurrir a la vía judicial.
Desde su creación, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) tiene entre sus objetivos fiscalizar a las distribuidoras y defender los derechos de los usuarios. Sin embargo, asociaciones de consumidores sostienen que, en la práctica, la participación ciudadana dentro del organismo ha tenido una incidencia limitada y que aún persiste una deuda en materia de representación.
Pero esa no es la única limitación que atraviesa al organismo. Una de sus principales funciones es sancionar y multar a las distribuidoras, una facultad que en el último tiempo quedó condicionada por la decisión del Gobierno bonaerense de suspender el cobro de las multas hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI).
La medida fue publicada en el Boletín Oficial del 18 de septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dispuso la “postergación del pago de las penalizaciones por apartamientos a los límites admisibles en la calidad del producto técnico y del servicio técnico” correspondientes al período iniciado en junio de 2017 y hasta la aplicación del primer cuadro tarifario surgido de la RTI.
La creación del Oceba
El actual esquema del mercado eléctrico se configuró a comienzos de la década del noventa. En 1992, con la reforma y privatización del sistema, surgió Edelap como distribuidora de la región en reemplazo de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). A partir de ese proceso también se crearon organismos específicos para controlar a las empresas concesionarias.
Antes de las privatizaciones, al ser el propio Estado el encargado de prestar el servicio, no existían entes reguladores independientes ni contratos de concesión que supervisar. El control recaía directamente sobre el Ministerio de Obras Públicas. Con el nuevo esquema, esa función quedó en manos del OCEBA, creado por la Ley 11.769.
Se trata de un ente autárquico encargado de fiscalizar el cumplimiento del Marco Regulatorio Eléctrico y de los contratos de concesión. Su tarea alcanza a las distribuidoras provinciales Edelap, Eden, Edes y Edea, además de unas 200 cooperativas y sociedades de economía mixta con concesión municipal.
Entre sus funciones se encuentran controlar la calidad del servicio, verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, aplicar sanciones cuando corresponda, recibir reclamos de los usuarios y supervisar aspectos técnicos, económicos y de seguridad de las concesionarias.
DEBILIDADES DEL SISTEMA
Sin embargo, para Henry Stegmayer, presidente de Consumidores Responsables, uno de los aspectos más débiles del sistema sigue siendo la participación ciudadana. Si bien el OCEBA y otros entes reguladores contemplaron la creación de espacios integrados por asociaciones de consumidores, su capacidad de incidencia ha sido escasa.
“En general los usuarios tuvieron muy poca incidencia. Podían opinar sobre algunos temas e incluso lograron influir en casos puntuales, pero sus decisiones nunca fueron vinculantes”, señaló Stegmayer.
La observación contrasta con lo expresado por el propio OCEBA en su sitio institucional, donde se reconoce que uno de los problemas históricos fue la escasa representatividad, visibilidad y reconocimiento del organismo por parte de los usuarios bonaerenses. Allí se destaca la creación de la Sindicatura de Usuarios, la Mesa de Usuarios de la Producción y el Consejo Asesor Eléctrico como herramientas para fortalecer esa participación.
Según recordó Stegmayer, la intervención de las asociaciones de consumidores siempre fue ad honorem y, en muchos casos, ni siquiera existieron mecanismos plenamente reglamentados que garantizaran su funcionamiento continuo. “Hasta la Constitución habla de la participación de los usuarios en los entes reguladores, pero en la práctica eso no existe”, cerró Stegmayer.