Las declaraciones de Daniel Ortega de que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” desencadenaron una ola de cuestionamientos de gobiernos latinoamericanos, dirigentes políticos y EE. UU., que advirtieron sobre un retroceso democrático. Frente a esas críticas, Managua defendió sus decisiones como asuntos de soberanía nacional, rechazó lo que considera injerencias externas y sostuvo que sus procesos políticos y electorales corresponden exclusivamente al pueblo nicaragüense.