El mandatario Javier Milei ofrecerá una cadena nacional el próximo jueves a través de radio y televisión para exponer la iniciativa de modificación del funcionamiento interno del Banco Central. Desde el Poder Ejecutivo consideran que esta propuesta representa uno de los pilares estructurales de la gestión.

La decisión de recurrir a la transmisión obligatoria responde al carácter prioritario que la administración otorga a la norma. La medida busca brindar cumplimiento al compromiso principal asumido durante el inicio del mandato en el año 2023, enfocado en la contención del ritmo de precios. Ante este escenario, la reforma de la Carta Orgánica pretende transformar los estatutos del organismo para adecuar sus funciones al esquema económico trazado por el Gobierno.

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece cómo funciona el Banco Central de la República Argentina. Se trata de la Ley 24.144, sancionada en 1992, que fija la misión del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.

Entre otros aspectos, la norma regula las funciones del directorio del Banco Central, la administración de las reservas internacionales, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y las condiciones bajo las cuales el organismo puede asistir financieramente al Estado nacional.

En otras palabras, la Carta Orgánica es el marco legal que determina cuál es el rol del Banco Central dentro de la economía argentina y cuál debe ser su relación con el Poder Ejecutivo.

Qué propone Milei

Aunque el texto definitivo todavía no fue presentado, desde el Gobierno adelantaron algunos de los principales ejes que tendrá la reforma.

El primero será prohibir expresamente que el Banco Central financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, uno de los pilares del programa económico de Milei.

La iniciativa también buscará otorgar una mayor independencia institucional al organismo para limitar la intervención del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria.

Otro de los cambios previstos es endurecer las condiciones para remover a las autoridades del directorio, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad institucional.

Asimismo, el proyecto pretende eliminar las denominadas utilidades contables o "ficticias" —salvo en escenarios excepcionales de deflación—, terminar con el mecanismo de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado y establecer sanciones penales para aquellos funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones monetarias prohibidas por la ley.

Entre las novedades también aparece la incorporación del concepto de "shutdown", un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.