México está endureciendo el perímetro de su lucha contra el lavado de dinero. El país ha publicado nueva regulación que obliga a un amplio grupo de actividades que operan fuera del sistema financiero tradicional a reforzar sus controles para identificar a sus clientes, rastrear sus operaciones y detectar posibles recursos de procedencia ilícita, entre los que destacan desde desarrolladores inmobiliarios y concesionarios de vehículos, hasta prestamistas no bancarios, casinos y comerciantes de arte y joyería, pasando con especial énfasis por las plataformas de criptomonedas.
Seguir leyendo