La causa por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con la reconstrucción de una presunta maniobra destinada a ocultar pruebas luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara el brote que puso en alerta a las autoridades sanitarias. Según el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, entre el 2 y el 12 de mayo de 2025 se desplegó una verdadera “operación limpieza” dentro de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La investigación sostiene que, mientras la Justicia avanzaba sobre las empresas vinculadas al fentanilo contaminado, se habrían quemado documentos, eliminado chats, destruido sustancias y hasta montado un supuesto robo en una de las plantas. Todo ocurrió después de que el Hospital Italiano informara el brote el 2 de mayo y mientras las autoridades ya conocían la gravedad del cuadro.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió entre el 7 y el 9 de mayo, cuando directivos de HLB habrían intentado reesterilizar unas 100 ampollas del lote 31.202 de fentanilo. Días después, el 13 de mayo, la empresa destruyó 4.850 gramos de citrato de fentanilo vencido en enero de ese año, una sustancia cuya composición podía resultar de interés para la pesquisa.

Los celulares secuestrados aportaron algunas de las evidencias más comprometedoras. En uno de los intercambios, el jefe de Mantenimiento, Edgardo Sclafani, escribió: “Sí amor estoy quemando papeles con Diego”. En otro mensaje se lee: “Hoy quemamos todo”. La pesquisa también detectó un “borrado masivo” de chats y servidores. Javier Tchukran, director general de HLB, habría reconocido ante los hermanos García que hizo eliminar la información almacenada en los servidores.

La fiscalía también reconstruyó un episodio ocurrido el 11 de mayo en la planta de HLB en San Isidro. Allí se denunció un supuesto hecho de vandalismo y robo, con oficinas revueltas y documentación desaparecida. Sin embargo, los investigadores sospechan que se trató de una escena montada para justificar la eliminación de registros obligatorios de producción, conocidos como “batch records”.

Todo esto se produjo en una ventana temporal que la fiscalía considera clave. El 2 de mayo el Hospital Italiano reportó el brote y el 5 las autoridades sanitarias ya conocían su gravedad. Sin embargo, las inspecciones y la denuncia penal se concretaron recién el 12.

En ese contexto quedaron bajo la lupa las exfuncionarias Nélida Agustina Bisio, de ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, del INAME, quienes fueron detenidas y luego recuperaron la libertad tras pagar cauciones de $75 millones cada una. Para los investigadores, la demora estatal habría otorgado a los responsables del laboratorio el tiempo necesario para intentar eliminar evidencias.

La Justicia busca ahora determinar responsabilidades y si hubo una maniobra deliberada para borrar las huellas de una verdadera tragedia sanitaria.