Los jueces son conscientes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y hacen su propio diagnóstico: los procesos son lentos, los tribunales no tienen un sistema de gestión moderno y les gana la burocracia.
En el marco del proceso de reforma judicial que impulsa la Corte Suprema, LA NACION les preguntó a nueve jueces -incluidos magistrados de Comodoro Py y representantes de los tribunales de las provincias- cuáles son las principales deudas de la Justicia con la sociedad y qué cambios son prioritarios.
En materia penal, los jueces coinciden en que es necesario reducir los procedimientos a las formas mínimas indispensables, eliminar tiempos muertos y oralizar los trámites.
A nivel federal está en marcha la implementación de un nuevo Código Procesal acusatorio, más moderno, cuya aplicación impulsa el Gobierno, pero que demorará varios años en llegar a todo el país (incluso a la Justicia Federal de la Capital). Hasta que termine de implementarse, algunos jueces federales recomiendan, en línea con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algunas reformas legales al sistema actual. Otros, en cambio, creen que hay que apostar directamente al sistema acusatorio.
En todos los fueros hay consenso en la necesidad de ser más abiertos para que la gente conozca cómo se toman las decisiones y contar con un sistema de gestión que permita que los jueces solo se ocupen de las decisiones judiciales.
Los representantes de los tribunales del interior piden que se diseñen reformas teniendo en cuenta la autonomía de las justicias de las provincias y sus diferentes necesidades. "A veces la mirada se detiene en los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires", se quejó Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los tribunales provinciales atienden el 80% de los casos que plantea la gente, advirtió.
El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias (Jufejus), Rafael Gutiérrez, coincidió en que los problemas en las provincias muchas veces son otros. Dijo, por ejemplo, que en muchos lugares ya se aplica un Código Procesal acusatorio y que está muy avanzado el proceso de "digitalización" de los expedientes. En otros distritos, incluida Buenos Aires, hay tribunales que siguen cosiendo los expedientes con aguja.
Una idea central en la que coincidieron todos los jueces es que deben tener presente que la Justicia es un servicio, que los ciudadanos son los usuarios y que necesitan una mejor respuesta.
Claudio Bonadio, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
Sebastián Casanello, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Susana Medina, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas
Angela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Julián Ercolini, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación
Rafael Gutiérrez. presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe