La vida pública está hoy dominada por problemas de una magnitud muy significativa. Uno de ellos es estructural, de esos que se desarrollan en cámara lenta. Es uno de los más importantes que afectan a la Argentina: la declinación en la educación y en las capacidades de los chicos para operaciones muy simples, que se aprenden en los primeros niveles de la escuela.

También hay otros temas, que no son estructurales e impactan desde el exterior, pero modifican el escenario que conocemos del mundo. Algunos piensan que estamos al borde de una tercera guerra mundial a partir de un episodio que ocurrió en las últimas horas: un ataque de los hutíes, una rama armada del islamismo chiita que está en una zona central de Medio Oriente porque dominan el estrecho que conduce al Mar Rojo, al aeropuerto de Riad, la capital de Arabia Saudita. Entonces, hay un nuevo round, en un conflicto que parece no tener fin, con nuevos actores.

Se trata de temas complejos de gran tamaño. Sin embargo, la institucionalidad argentina se vio conmovida en los últimos días por la cuestión de si los extranjeros pueden ser propietarios de tierras y hasta qué cantidad, una discusión que parece marginal.

Es un debate que tiene que ver con la legislación, pero produjo una tormenta porque la discusión sobre ese permiso es un síntoma de otro problema, que es más relevante: determinadas fragilidades de carácter político del gobierno de Javier Milei. Si vamos por ese camino, vamos a terminar en las preguntas que inquietan a todos los que miran la política argentina: ¿cuáles van a ser los términos, las probabilidades y el escenario electoral del año que viene?

Esto está detrás del debate de las tierras si uno lo mira sin dejarse enredar por los argumentos técnicos. La discusión se centra en la ley 26.377, de la época de Cristina Kirchner, que le pone límite a la cantidad que puede adquirir un extranjero. No es algo original porque hay muchos países que establecen límites, como Brasil, Nueva Zelanda, Suiza, Australia y algunos estados de EE.UU. En algunos de ellos está absolutamente prohibido, como Hungría.

En la Argentina, lo estableció el kirchnerismo, con una perspectiva nacionalista. Cuando llegó el gobierno de Milei, que asumió con un espíritu ajeno a ese nacionalismo -y por eso llama tanto la atención que haya levantado banderas de forma tan fanatizada con la cuestión Malvinas-, dictó el decreto 70/2023, con infinidad de materias para regular y desregular, todo salido del cerebro y la pluma de Federico Sturzenegger.

En el artículo 154 de ese decreto se deroga la ley que había dictado el Parlamento durante la época de Cristina Kirchner y, de esta manera, libera las tierras para los extranjeros. Elimina las restricciones. Luego se judicializó por numerosas objeciones y se produjo un pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata, que le dio la razón a un grupo de excombatientes: determinó que el decreto era inconstitucional porque amenaza la soberanía. No está clara cuál es la relación entre soberanía nacional y tenencia de tierras por parte de los extranjeros, pero la Cámara Federal de La Plata les dio la razón.

Este hecho se cruza con otro problema: la oposición empieza a avanzar sobre el gobierno de Milei con distintos argumentos -como el financiamiento y la política frente a las personas con discapacidad o el nivel de intervención que tiene que tener el Estado ante la mora de muchas familias que no pueden pagar sus deudas con los bancos- y, en esa agenda opositora cada vez más agresiva, entra el tema de las tierras y la posibilidad de, en línea con lo que había hecho la Cámara de La Plata, voltear el decreto. Se iba a aprovechar, inclusive, que la ley que propone el Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada incluye un capítulo sobre tierras.

Esta posibilidad de que el Gobierno se encuentre desprovisto del Decreto 70 por un avance de la oposición enciende mil alarmas porque se trata de la columna vertebral de muchísimas reformas de Milei. Sobre todo de aquellas que hacen que la administración se presente como liberal y quite restricciones estatales a la economía.

La Corte tomó el tema y rechazó la cautelar de la Cámara de La Plata. Sostuvo que los excombatientes no están en condiciones de representar a todos los que se verían afectados en términos de soberanía. Según los jueces, no tienen personería, es decir, un interés directo afectado.

En contradicción con lo que calculaban la Corte y el Gobierno, esta resolución no resuelve el problema porque el avance opositor se volvió más agresivo todavía. Empieza advertirse que en la sesión de esta semana podría caer en el Congreso el decreto, que ya fue rechazado en el Senado. Si no pasa Diputados, desaparece.

Entonces, dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el presidente, Horacio Rosatti, propusieron emitir una aclaración para calmar el malestar que se agudizó tras el fallo e insinuaron que, ante otro caso, podrían fallar de otra manera. Y el otro caso llegó: una organización llamada Árbol de Pie, del sur, pide que se reponga la ley de Cristina Kirchner anulando el decreto de Milei, pidiendo una cautelar en nombre del medio ambiente.

Carlos Rosenkrantz no estuvo de acuerdo con tratar el tema ni darles la razón para que se reponga la ley de Cristina, se calmen las aguas políticas y el Gobierno pueda zafar de la sesión en la que podía perder el decreto. Por esa disidencia de Rosenkrantz hubo que llamar a dos conjueces y, en un sorteo milagroso, fueron elegidos dos amigos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación -y quien ya había presentado un servicio extraordinario cuando permitió que la causa de la AFA vaya a Campana, donde quieren estar Tapia y Toviggino- y Horacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza y discípulo de Carlos Mahiques, el padre del ministro, para quien está tratando de editar un libro de homenaje.

Curiosamente, los dos conjueces fueron miembros de los tribunales de AFA. Pérez Curci tiene una relación especial con el fútbol porque su hijo, Mateo, juega en Independiente.

Rosatti, Lorenzetti y los dos conjueces hicieron todo en tiempo récord, se convocó a una reunión de acuerdos inusual el viernes y se contradijo al Gobierno. La posición conceptual de la Corte es opuesta a lo que la Casa Rosada quiere. Sostienen que, como el tema es ambiental, a Arbol de pie se les va a dar una cautelar interina hasta que el juez Leandro Gómez Constenla, de Bariloche, decida qué hacer.

En esta contradicción le hicieron un enorme favor político al Gobierno porque, de esta manera, se durmió la posibilidad de que el Parlamento voltee el decreto. Probablemente la sesión se postergue y el propio Poder Ejecutivo admita algunas restricciones a la propiedad de extranjeros para evitar que ese tema ponga en tela de juicio todo el decreto.

Así se generó un problema para el juez Gómez Constenla, que tiene antecedentes impecables y es magistrado desde hace dos meses. Ahora le cae una contradicción muy incómoda porque, al mirar jurídicamente, es muy difícil entender por qué sería más peligroso para el Medio Ambiente que los campos estén en propiedad de un extranjero que de un argentino. El profesor Osvaldo Pérez Sammartino bromeó: “Se ve que los argentinos son intrínsecamente ambientalistas”.

Si Pérez Constenla voltea la cautelar de la Corte, repondrá el decreto y, en ese contexto, pondría al Gobierno en un problema de gobernabilidad importante. Es decir, la Corte no operó para resolver el problema de las tierras, sino para prestarle al Gobierno un servicio inigualable: poner en un caso en suspenso el decreto en el que se asienta el oficialismo y, al mismo tiempo, facilitarle a Milei la supervivencia de ese mismo decreto en el Congreso.

El servicio que parte de la Corte presta a Milei es objetado por Rosenkrantz que, en su voto negativo, advierte que, al adaptarse al clima político del momento, la Justicia podría perder confiabilidad frente a la sociedad. Así, se abre una grieta rara: votan juntos dos enemigos -Rosatti y Lorenzetti- contra Rosenkrantz, que tiene un pronunciamiento muy duro.

Algunos creen que ahora que la Corte llama a conjueces para resolver temas de la administración Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, como la construcción del Paseo del Bajo, es una venganza contra Rosenkrantz, porque suponen que tendría alguna afinidad con el macrismo, lo que no está demostrado. Lo que vemos es un ajedrez interno de la Corte, donde hay mucha conflictividad.

Todo esto es síntoma de otra realidad. Interesa porque es llamativo ver la fragilidad del gobierno de Milei frente al Congreso. Está al borde de que le volteen un decreto muy importante y eso se debe a que le cuesta cada vez más componer mayorías. Esto se produce porque caen las expectativas políticas respecto del Gobierno; hay una declinación de su imagen frente a la opinión pública, tanto que se ha instalado una duda que no sabemos hasta dónde es sensata: tiene que ver con si Milei puede ser reelecto.

Al Gobierno, por su parte, le cuesta armar mayorías porque su pegamento para hacerlas son las expectativas de que puede ganar, que están en declinación y son muy importantes para la clase política. Si Milei tiene vida más allá de 2027, ¿para qué se van a oponer? ¿En nombre de qué candidato?

Sin embargo, si las expectativas empiezan a decaer, empiezan a desagregarse voluntades políticas y al Gobierno empieza a resultarle cada vez más difícil armar esas mayorías. En consecuencia, queda a la defensiva en el Congreso, lo que ya pasó en 2025, antes de que perdiera las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Las caída de las expectativas tienen que ver con otro debate: la situación de Luis Caputo. Este lunes fue ratificado por el Presidente, que dijo que son simbióticos y marcó que sus concepciones son las mismas, que es lo que debería decir cualquier mandatario a menos que esté a disposición de echar en ese mismo día al ministro.

El malestar no solo es con Caputo, sino también con la política económica. Porque no se cumplen los pronósticos del propio Gobierno ni del propio Milei. Usando una palabra que utilizó el ministro de Economía, desnudando una preocupación que públicamente niega: “no se reactiva”. Los 10 principales expertos en expectativas del mercado, calculan que durante el tercer trimestre va a haber un achicamiento de la economía del 1,2%. En el segundo trimestre la caída fue de 0,6%. Prometen algunos que para el cuarto trimestre aparecerá una recuperación. Aún así, están hablando de dos trimestres consecutivos de contracción económica. A eso, los especialistas, lo llaman recesión. Entonces, la economía argentina estaría contrariando lo que dice el propio Presidente que va a pasar. O lo que decía que iba a pasar. Para colmo de males, también el FMI revisó a la baja el pronóstico de crecimiento.

Esto genera alarmas en la política y enciende a la oposición. Esta semana sucedió algo importante. Un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La preside Juan Manuel Olmos. A la AGN, por orden de la Constitución, la preside la principal fuerza opositora del Congreso, que hace un dictamen técnico sobre el balance del Banco Central (BCRA) y lo aprueba. Olmos advierte que se perdieron US$1.023 millones en unos seguros que adquirieron a través de instrumentos financieros para protegerse de una eventual caída del precio del oro. Y calcularon mal, porque el oro se disparó.

Luego el BCRA arremete y sostiene que se trata del costo de un seguro, que justamente se contrata por un riesgo, y si el riesgo después no se presenta no es que se hizo mal en tomar el seguro. La AGN responde algo así como: “Depende de cuánto pagaste por ese seguro. Porque si perdiste US$1.023 millones, aunque en la suma y resta hayas ganado, tenés que dar una explicación”. Otra nota de pie de página: tenemos que ver con qué banco se hizo esa operación de cobertura. Porque eso, eventualmente en un Gobierno donde s…