El gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, cuestionó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo que había suspendido los incrementos tarifarios. La Justicia le dio efecto suspensivo a la apelación y las distribuidoras podrán volver a cobrar las subas, que alcanzan a cerca de 1,4 millones de usuarios.

El gobierno de Axel Kicillof consiguió que vuelvan a aplicarse los aumentos de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires luego de apelar una medida cautelar que había suspendido los incrementos. La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado bonaerense y terminó favoreciendo también a las empresas distribuidoras, que habían cuestionado la resolución judicial.

La controversia comenzó cuando el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca hizo lugar a un planteo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, encabezada por Guido Lorenzino, y ordenó suspender los aumentos ante la falta de nuevas audiencias públicas para discutir las modificaciones tarifarias.

Sin embargo, lejos de acompañar el reclamo del organismo encargado de defender los derechos de los usuarios, la administración provincial decidió recurrir la medida. La Fiscalía de Estado presentó su apelación el 28 de septiembre y sostuvo que mantener congelados los valores podía provocar un desequilibrio económico en las distribuidoras, afectar las inversiones necesarias y comprometer la prestación del servicio.

Las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP también apelaron la decisión judicial.

El 15 de octubre, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió otorgarle efecto suspensivo al recurso presentado por la Provincia. La decisión, que tomó estado público este miércoles 21 de octubre, permitió dejar sin efecto de manera provisoria el freno a los aumentos mientras continúa la discusión de fondo.

De esta manera, las distribuidoras quedaron habilitadas para volver a aplicar incrementos que oscilan entre el 1,5% y el 3,5%, con un alcance estimado de 1,4 millones de usuarios bonaerenses.

La medida afecta a clientes de las distribuidoras provinciales, principalmente en La Plata y distintas localidades del interior bonaerense. Entre ellas se encuentra EDEN, que presta servicios en ciudades del norte de la provincia. En cambio, no se trata de una resolución sobre el cuadro tarifario de Edenor y Edesur, que abastecen al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El episodio deja una situación políticamente incómoda para Kicillof. Mientras el gobernador mantiene un discurso crítico de los aumentos de servicios públicos y del ajuste impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, su propia administración recurrió a la Justicia para defender la continuidad de incrementos en las boletas de electricidad.

La contradicción resulta todavía más llamativa porque la medida original había sido promovida por la Defensoría del Pueblo bonaerense, un organismo provincial autónomo cuya función es proteger los derechos de los ciudadanos frente a decisiones del Estado y de las empresas prestadoras de servicios públicos.

De todos modos, la resolución de la Cámara no significa que la discusión judicial esté terminada. Lo que se suspendió fue el efecto de la cautelar que impedía cobrar los aumentos, mientras todavía resta una definición sobre la validez de los incrementos cuestionados.

Por ahora, el resultado concreto es que las distribuidoras podrán volver a aplicar las subas y que la decisión del gobierno de Kicillof de apelar el fallo resultó determinante para que se levantara el freno judicial.

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