El objetivo central del nuevo protocolo es que las señales previas no sean analizadas como episodios independientes cuando existen elementos que permiten vincularlas. Para los fiscales, el atentado constituye la última instancia de un proceso que puede incluir radicalización, reclutamiento, capacitación, financiamiento y preparación logística.
Por eso, la guía propone intervenir durante las etapas anteriores y no limitar la actuación estatal al momento en que un ataque ya resulta inminente.
La plataforma utilizada también puede aportar información. El documento diferencia las publicaciones realizadas en redes abiertas, como YouTube, Instagram o X, de la actividad que posteriormente se desplaza hacia Telegram, Signal u otros ámbitos privados, cifrados o anónimos. Ese traslado puede adquirir relevancia cuando aparece combinado con otros indicadores.
Ante una situación de riesgo, el Ministerio Público recomienda integrar análisis de actividad digital, fuentes abiertas, inteligencia financiera, vigilancia, evidencia física y forense y entrevistas.
La guía aclara que ninguna de las señales descriptas constituye, por sí sola, una prueba de actividad terrorista ni permite atribuir responsabilidad penal. La evaluación debe surgir del contexto y de la acumulación de distintos elementos que permitan determinar si existe una evolución desde expresiones extremistas hacia la preparación de hechos violentos.