La iniciativa del Gobierno obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Durante el debate, La Libertad Avanza aceptó reincorporar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. El texto establece cambios en las expropiaciones y los procedimientos de desalojo.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. El resultado se definió por un margen estrecho y obligará a que la iniciativa vuelva al Senado, debido a las modificaciones introducidas durante el debate.

Uno de los cambios centrales fue la reincorporación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, previstas en la ley sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Libertad Avanza aceptó mantener esa normativa para reunir los votos necesarios y avanzar con el proyecto.

Las seis abstenciones de diputados de Córdoba resultaron determinantes para la aprobación. Con los cambios introducidos por la Cámara baja, el Senado deberá decidir si acepta la nueva versión o insiste con el texto que había aprobado originalmente.

La iniciativa forma parte de la agenda legislativa del oficialismo y contempla modificaciones en los procedimientos de expropiación, desalojo y restitución de inmuebles.

Qué cambia en las expropiaciones

El proyecto establece requisitos más estrictos para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Entre otros puntos, exige que exista una declaración de utilidad pública y que la indemnización se pague previamente.

Además, fija que la compensación debe calcularse a valor de mercado e incluir el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación.

Los cuestionamientos a esta disposición apuntan a que las nuevas exigencias podrían dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar terrenos o inmuebles privados.

Desalojos: plazos y procedimientos

Otro de los ejes de la iniciativa es la modificación de los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados, mediante mecanismos judiciales abreviados.

Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio defendió la agilización de los desalojos y sostuvo que permitiría restituir con mayor rapidez las propiedades a sus dueños. Según el argumento del oficialismo, las ocupaciones también desalientan la oferta de viviendas en alquiler.

Para los inmuebles destinados a vivienda, el texto establece que el propietario deberá intimar formalmente al inquilino por falta de pago y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para regularizar la deuda.

Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar la acción de desalojo, que se tramitará en un plazo adicional de diez días hábiles, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.

La iniciativa también contempla la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó hechos o documentos para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, a favor de la contraparte.

En los casos en que vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, los jueces deberán dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria. El plazo previsto es de hasta diez días y esa intervención no suspenderá el proceso judicial principal.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para definir si se convierte en ley con las modificaciones incorporadas o si la Cámara alta mantiene la versión original.

Qué se debatirá

El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.

A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto ciertamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la Ley Nº27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.