La Libertad Avanza (LLA) tuvo que ceder bastante para imponer su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, que al cierre de esta edición seguía sesionando. Para conseguir votos, el oficialismo debió negociar con sus aliados en temas sensibles para la Casa Rosada, como la propiedad privada, el proyecto sobre discapacidad y el endeudamiento familiar.

Con el respaldo del Pro, la UCR, el MID y algunos bloques provinciales, el oficialismo logró aprobar en primer lugar el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Fue por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones (cinco aportadas por los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora y una de Álvaro González, del Pro).

Se opusieron Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques provinciales de Catamarca y Tucumán aliados a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

No obstante, el capítulo IV, que ratifica la vigencia de la ley de tierras, sumó 239 apoyos, lo que lo pondría a salvo de un eventual veto presidencial.

En un sector de la oposición celebraron la aprobación del nuevo proyecto como una victoria. Y es que para reunir el consenso necesario, el Gobierno debió preservar la Ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que limita la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. La norma había sido derogada por el DNU 70/2023, pero la resistencia de sus aliados y los fallos judiciales en contra obligaron al oficialismo a dar marcha atrás. Como Diputados introdujo cambios, el texto volverá al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa endurece los requisitos para las expropiaciones, al exigir que respondan a una declaración específica de utilidad pública y establecer el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, cuestionados por la oposición porque advierte que encarecerá las expropiaciones.

Además, busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados a través de juicios sumarísimos de desalojo, estableciendo un plazo de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Incorpora, a su vez, modificaciones para “modernizar” el sistema de registro de la propiedad inmueble.

Cambios en Discapacidad

El tema más delicado para el Gobierno era el de discapacidad. El proyecto consensuado por los libertarios con el Pro y la UCR dio marcha atrás con el ajuste previsto: mantiene las pensiones no contributivas, su actualización por inflación, el nomenclador de prestaciones y el arancel unificado. También permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos.

Sin embargo, el acuerdo parlamentario no terminaba de convencer al Poder Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto fiscal de casi $600.000 millones en 2027 y $1,2 billones en 2028, si se considera el padrón completo.

Además, el misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldado por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, impulsó cambios para precisar los requisitos de acceso, incorporar una evaluación socioeconómica y garantizar recursos del Tesoro si las partidas de Salud resultan insuficientes. También se discutían mecanismos para actualizar los fondos destinados a los beneficiarios, cancelar deudas con prestadores y asegurar prestaciones básicas de Incluir Salud.

En el peronismo no había una postura uniforme. Mientras algunos reclamaban prorrogar la emergencia, otros evaluaban acompañar la propuesta libertaria si se incorporaban modificaciones. En este caso, el consenso casi unánime −de dos tercios− podría brindar el texto ante un eventual veto presidencial.

Morosidad, otro tema sensible

El endeudamiento familiar era otra discusión sensible en la maratónica sesión. El oficialismo propone mejorar la educación financiera, transparentar tasas y costos y prevenir el sobreendeudamiento. Para los créditos digitales, exige una doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas equivalgan a consentimiento y obliga a entregar las condiciones contractuales. Pero esa iniciativa no establece topes a las tasas ni quitas de capital o intereses y defiende la postura de que la problemática es un tema “entre privados”.

Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas promueven, en cambio, un esquema de reestructuración de deudas con topes a las tasas de interés y habilitar refinanciaciones.

Vandalismo rural y más

Por otro lado, Diputados aprobó también el proyecto contra el vandalismo rural, que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes provoquen daños a la producción agropecuaria, pero que pueden llegar a 10 años si el perjuicio es cometido por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo productivo. Con el impulso del pampeano Martín Ardohain (Pro), la iniciativa cosechó 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

También fueron aprobados al promediar la sesión la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo -a partir de la tragedia del fentanilo contaminado- y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a Chaco. En paralelo, el Gobierno buscaba sumar respaldo para aplicar cambios en biocombustibles, elevando los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%.