Hay cierta ironía en la situación que atraviesa Pablo López Alavez, defensor de la tierra recién condenado y liberado, todo a la vez. La justicia oaxaqueña acaba de ratificar, en segunda instancia, su culpabilidad por un homicidio que nadie ha podido demostrar que cometió. A cambio, ha modificado la categoría del delito y ha reducido a la mitad su condena inicial, de 30 años de prisión, dándola por cumplida: el líder indígena ya llevaba 15 años, 7 meses y 12 días recluido en una cárcel desde que fue detenido arbitrariamente por una quincena de hombres en 2010, en su comunidad, San Isidro Aloápam. Las organizaciones que lo han acompañado este tiempo han celebrado la medida este martes con un comunicado donde detallan que la excarcelación se produjo en marzo, pero la recién estrenada libertad sabe agridulce para este hombre de 57 años, que apenas ha pasado por casa antes de volar al extranjero para mantenerse, ante todo, a salvo. “No me voy a rendir, seguiré en mi lucha hasta obtener protección del Gobierno, si es que me respalda”, anticipa López Alavez, que conversa con EL PAÍS por videollamada. Su cuerpo es apenas una silueta recortada contra la luz, que ilumina el patio trasero de la vivienda que le ha facilitado a él y a su esposa la ONG Front Line Defenders.
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