El colapso operativo y financiero de Granja Tres Arroyos sumó un capítulo de altísima tensión social y judicial. Sin acuerdo tras la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata, la empresa ratificó el despido de 1.250 trabajadores repartidos en tres plantas estratégicas. La decisión recae sobre 700 operarios de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 del establecimiento ubicado en Pilar.

En paralelo, la Justicia Comercial acaba de ordenar la inhibición provisoria de todos los bienes del Grupo GTA, conglomerado integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial. La medida fue adoptada tras las presentaciones realizadas por la sindicatura que interviene en la quiebra de Rasic Hermanos y por extrabajadores de las plantas I y II de Wade, que antes pertenecían a Cresta Roja. Los actores en cuestión denunciaron maniobras de presunto vaciamiento de las instalaciones.

Durante la audiencia, el apoderado de Granja Tres Arroyos, Walter Carrizo, confirmó la decisión empresarial. “En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, sostuvo el representante legal.

La compañía argumentó que las medidas respondieron a la “necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”.

Carrizo aclaró que la medida “no constituye la comunicación de nuevos despidos”, mientras que desde la firma aseguraron que mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables.

Indemnizaciones en una nebulosa

Pese al vencimiento de la conciliación obligatoria, la representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) advirtió que el cobro de los haberes indemnizatorios todavía es una incógnita.

Fuentes gremiales indicaron que los reclamos se tramitarían bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, remarcaron que primero deberá definirse la intervención judicial. “Se está a la espera de que la Cámara designe un juzgado, para que este designe un síndico. Y el síndico va a determinar, una vez que la empresa tenga los fondos, qué crédito tiene que pagar”, explicó un portavoz sindical.

Dicha instancia se encuentra frenada por una disputa de competencia en los tribunales comerciales.