Una empleada del Patronato de Liberados está acusada de participar en una maniobra que habría movilizado $27.000 millones mediante cuentas virtuales. En otro expediente, el exintendente Julio Garro fue imputado por presuntas irregularidades vinculadas con loteos.
La Justicia bonaerense avanza en dos investigaciones que involucran a una funcionaria judicial y a exintegrantes del gobierno municipal de La Plata. Los expedientes analizan, por un lado, una supuesta estructura dedicada a estafas y lavado de activos y, por otro, presuntas irregularidades en la autorización de desarrollos inmobiliarios durante la gestión de Julio Garro.
En la primera causa, una empleada del Patronato de Liberados, identificada por sus iniciales A. M., quedó formalmente acusada de integrar y presuntamente liderar una organización que habría utilizado cuentas de billeteras virtuales para introducir dinero de origen desconocido en el circuito financiero.
La investigación, encabezada por la fiscal Betina Lacki, intenta reconstruir el movimiento de aproximadamente $27.000 millones durante el plazo de un año. La mujer fue detenida y convocada a prestar declaración, aunque se negó a responder preguntas.
A partir de esa instancia, la Fiscalía dispone de quince días —prorrogables por otro período igual— para definir si solicita que la acusada continúe detenida con prisión preventiva mientras avanza el expediente.
Captación de personas vulnerables
La hipótesis sostiene que la organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía alrededor de $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos. Esa información habría sido utilizada para abrir cuentas digitales que luego funcionaban como “mulas” financieras.
Los encuentros se habrían realizado, entre otros lugares, en un bar de la zona de las calles 7 y 56. Allí, los operadores fotografiaban a las personas, escaneaban sus rostros y completaban el registro necesario para habilitar las billeteras.
Una vez activadas, las cuentas recibían y transferían numerosas sumas de dinero. La operatoria investigada respondería al mecanismo denominado “pitufeo” o “smurfing”, basado en dividir grandes montos en operaciones pequeñas para dificultar la detección de movimientos sospechosos.
De acuerdo con la pesquisa, parte de los fondos era enviada posteriormente a un casino online ilegal. El dinero aparecía después como supuestas ganancias obtenidas mediante apuestas, lo que habría permitido disimular su procedencia y entorpecer el seguimiento de la ruta financiera.
La investigación tuvo uno de sus principales avances el 16 de abril de 2026, cuando se ordenaron varios allanamientos luego de meses de análisis de documentación y movimientos digitales.
Los investigadores también intentan determinar si la funcionaria aprovechó su cargo para acercarse a personas sometidas a supervisión judicial o atravesadas por situaciones de vulnerabilidad social. Si esa sospecha se confirma, podría sumarse una acusación relacionada con el abuso de la función pública.
La causa permanece abierta y busca establecer tanto el origen de los fondos como el nivel de responsabilidad de los demás integrantes de la presunta organización.
Garro, imputado por los loteos bajo sospecha
El ex intendente Julio Garro
En un expediente diferente, el exintendente platense Julio César Garro fue imputado por presuntas irregularidades en la autorización y comercialización de loteos destinados a barrios privados.
La acusación contempla los delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También se investiga una posible afectación ambiental de carácter colectivo.
La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, con intervención de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Garro se presentó ante la Justicia, fue informado de los cargos y notificado de sus derechos.
El expediente se originó en una denuncia impulsada por la administración del actual intendente Julio Alak, mediante la secretaria municipal de Justicia, Marina Mongiardino. La presentación cuestionó la supuesta falta de controles sobre emprendimientos inmobiliarios desarrollados durante el período 2015-2023.
Según la denuncia, desde el municipio se habrían facilitado urbanizaciones que no contaban con la aprobación de la provincia de Buenos Aires. También se analiza si fueron ignoradas observaciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y si los proyectos avanzaron sobre áreas pertenecientes al cordón frutihortícola de La Plata.
Los investigadores estiman que existen unos 450 loteos bajo análisis. Alrededor de 250, siempre según la acusación, no reunirían las condiciones necesarias para ser regularizados.
Además de Garro, fueron imputados varios exfuncionarios de su administración, entre ellos Oscar Negrelli, María José Botta, Leandro Ronga, Augusto Sciarretta, Marcelo Gustavo Genoro y Marcela Rogg. Todos se presentaron ante la Justicia.
El exsecretario de Obras Públicas Luis Esteban Barbier, en cambio, no concurrió a la citación prevista para el 7 de agosto y comunicó que se encontraba fuera del país.
Las dos investigaciones continúan en etapa preliminar. Las imputaciones no implican una declaración de culpabilidad y las responsabilidades deberán ser determinadas durante el desarrollo de cada proceso judicial.
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