Es explicable el deseo del Gobierno de garantizar los derechos de las audiencias a ser informadas y no desinformadas y a cuidar la calidad de la conversación pública. Ninguna vida democrática es sustantiva si los ciudadanos forman su opinión con datos equivocados y distorsionados a partir de los intereses políticos y comerciales de quienes dominan los medios de comunicación. Después de todo, los concesionarios de radio y televisión hacen uso de un espacio público que pertenece a todos y, en ese sentido, la sociedad tiene el derecho y la obligación de exigir que se utilice de manera responsable y en beneficio del interés común. Pero también es explicable la preocupación de muchos, ajenos o adversos al proyecto político del Gobierno de la Cuarta Transformación, de que una instancia dominada por esta fuerza política esté en condiciones de dictaminar y sancionar los contenidos de los medios electrónicos para favorecer a sus intereses o evitar opiniones y análisis críticos.
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