La creciente preocupación por la inseguridad también impulsa a los consorcios a redefinir sus estrategias de protección. Las medidas tradicionales, como la colocación de rejas o cámaras estáticas, resultan insuficientes ante delincuentes que violan accesos o violentan portones. En este escenario, la búsqueda de alternativas eficaces y económicamente sostenibles impulse una rápida transición hacia esquemas tecnológicos integrados.

Ariel Copari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, explicó que aunque la “seguridad plena no existe”, la prioridad actual es generar mecanismos de disuasión. “El problema es que tener personal de seguridad 12 ó 24 horas es un costo que a los edificios se les hace difícil de sostener. Por eso, se recurre a métodos alternativos como los tótem de vigilancia, cámaras monitoreadas o cerraduras con lectura facial”, remarca.

ENTRE LO FÍSICO Y LO DIGITAL

El presupuesto es el gran determinante en la toma de decisiones. La seguridad presencial (las 24 horas) que garantiza un vigilador físico durante todo el día puede demandar unos $13.000.000 mensuales. La cobertura de media jornada ronda los $6.500.000 al mes.

La tecnología ofrece alternativas con costos de inversión y mantenimiento menores. Firmas del rubro señalan que un sistema básico de videovigilancia instalado parte desde el $1.300.000, variando según la cantidad de dispositivos y la calidad técnica requerida, mientras que los sistemas de control de acceso e intercomunicación IP se ubican a partir de los $3.000.000 (sin gastos mensuales de mantenimiento obligatorio).

TECNOLOGÍA EN COMODATO

Para evitar que los propietarios deban afrontar expensas extraordinarias elevadas por la compra de equipamiento, el mercado local ofrece el modelo en comodato.

Desde una firma que busca implementar lugares inteligentes destacan que esta modalidad permite dotar al edificio de infraestructura moderna —valorada en unos $5.000.000— sin que el consorcio deba realizar la inversión de capital inicial. A cambio, se abona un canon mensual de mantenimiento y monitoreo.

Un ejemplo: para un edificio promedio de 21 unidades funcionales equipado con 4 cámaras, control de acceso peatonal, gestión estricta de llaveros y monitoreo activo con respuesta propia, el abono mensual ronda los $250.000. Esto representa un costo estimado de $11.905 por departamento, un valor “competitivo” frente a las opciones de vigilancia tradicional.

Otra de las soluciones en auge es la instalación del tótem de seguridad, que reemplazan la presencia física con personal remoto conectado desde centrales de monitoreo.

Representantes de una de las empresas explican que estos dispositivos cuentan con pantallas, micrófonos, parlantes, sirenas y luces de disuasión. En caso de detectarse movimientos sospechosos o intentos de ingreso no autorizados, el operador desde la central interactúa verbalmente con el lugar, activa las alarmas o despacha asistencia policial, médica o de bomberos.

Para preservar la seguridad operativa, las empresas aplican esquemas de rotación de personal en turnos de 6 horas, evitando que los operadores conozcan las rutinas fijas de los residentes. Además, estos sistemas integran sensores especiales en portones de garaje con botones de pánico en los controles remotos y monitoreo exterior.

Según distintas fuentes consultadas, instalar un sistema de tótem o portería virtual requiere una inversión inicial de entre $1.000.000 y $6.000.000 de pesos para la estructura y la puesta a punto, mientras que el abono mensual por el monitoreo activo las 24 horas oscila entre los $350.000 y $750.000 de pesos según la empresa prestadora y las cámaras integradas.

PREVENCIÓN DESDE LA OBRA

La preocupación por el resguardo patrimonial también se traslada a las etapas previas a la habitabilidad. Desarrolladoras urbanas locales implementan esquemas de seguridad desde la fase de construcción. Esta estrategia busca prevenir el robo de materiales y herramientas, al tiempo que deja proyectada e instalada la infraestructura tecnológica (cerraduras biométricas, cableado, totems y cámaras) para el momento en que se entregan las unidades a los propietarios.

Dar el salto hacia la protección integral no es una tarea sencilla ni económica: implementar un sistema moderno de control de acceso y videoportería inteligente exige un desembolso presupuestario que supera holgadamente los 20 millones de pesos por edificio, según estimaciones locales.

Hoy en día, las propuestas elegidas por los administradores apuntan a la digitalización completa del control de acceso.

Según presupuestos de empresas especializadas del sector, la tecnología estándar requerida para un edificio de escala media comprende frentes de videoportero de alta gama con reconocimiento facial, pantallas táctiles LCD de 8 pulgadas y sistema operativo Android.

Estos dispositivos permiten múltiples métodos de autenticación rápida y segura: desde tarjetas magnéticas y códigos PIN hasta lectores de código QR y escaneo biométrico facial. La reconversión tecnológica integral alcanza una suma bruta de $23.340.000.