Lo que comenzó como una política de confiscación contra opositores, periodistas y defensores desterrados por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entró en una nueva etapa en Nicaragua. Propiedades de disidentes están siendo vendidas, transferidas a terceros o convertidas en negocios privados vinculados al oficialismo, en un proceso que, según analistas y víctimas, busca dificultar cualquier futura restitución de esos bienes y consolidar el despojo bajo una apariencia de legalidad.