El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por integrar una organización que utilizaba recursos y procedimientos oficiales para extorsionar a personas vinculadas al narcotráfico, fabricar causas judiciales y apoderarse de cargamentos de droga que luego eran comercializados. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión y el juicio se extendió durante casi dos años.

La sentencia expuso el funcionamiento de una estructura que, lejos de combatir el negocio de los estupefacientes, habría utilizado las facultades del Estado para intervenir directamente en ese circuito ilegal. Los principales acusados habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro, desde donde, según se acreditó en el debate, seleccionaban objetivos, armaban procedimientos y exigían dinero a personas investigadas para evitar consecuencias penales.

Uno de los hechos centrales del juicio fue la denominada maniobra “Leones blancos”, ocurrida en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno perteneciente al clan Loza. Allí, los efectivos simularon un operativo a partir de una falsa denuncia anónima y fraguaron el secuestro de casi media tonelada de cocaína. Pero, al mismo tiempo, se apoderaron de otro cargamento de aproximadamente 500 kilos que se encontraba en un auto de la organización criminal.

La droga sustraída tenía un valor estimado de entre 2,6 y 2,8 millones de dólares. El cargamento fue trasladado hasta Santa Clara del Mar, donde estaba previsto que fuera distribuido en distintos puntos de la costa atlántica y también enviado al circuito internacional mediante envases termosellados.

Por esta maniobra, el tribunal impuso las penas más elevadas a integrantes de la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta fueron condenados por su participación en delitos como uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

También recibieron condenas otros integrantes de esa repartición. Los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Blanco fueron sancionados con 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca recibió una pena de 11 años.

La trama también alcanzó a la estructura que funcionaba en San Isidro. El comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. El sargento Santiago Ignacio Cabré recibió 14 años, mientras que el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años.

Dos abogados fueron condenados e inhabilitados. Seis acusados fueron absueltos y se ordenó investigar al exfiscal Claudio Scapolan y otros funcionarios.