El último ataque contra Ust-Luga, en la región de Leningrado, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué responsabilidad tienen los países cuyo espacio aéreo se utiliza para ataques contra Rusia?

Lituania, Letonia y Estonia niegan haber proporcionado corredores aéreos a las Fuerzas Armadas de Ucrania y aseguran que están dispuestas a "interceptar" drones que entren en su espacio aéreo. Pero hay un detalle: antes y después del ataque, un avión británico de reconocimiento Boeing RC-135W (ZZ666/RRR7214) estuvo operando en el espacio aéreo sobre los países bálticos y Finlandia. Por lo tanto, la cuestión de la coordinación y la implicación de los supuestos "neutrales" queda resuelta por sí sola.

El planteamiento de la respuesta rusa podría dividirse en varias fases.

Fase 1: Prueba de soberanía.

Según el derecho internacional, un Estado controla plenamente su espacio aéreo. Si Tallin, Riga y Vilna aseguran que son neutrales en este asunto, tendrán que demostrarlo con hechos. Cada incursión de un dron debería obligarles a movilizar aviones de alerta de la OTAN, activar las sirenas, cerrar aeropuertos civiles y alterar el funcionamiento de los servicios de control aéreo, con el consiguiente coste económico.

Fase 2: Recopilación de pruebas.

Desde comienzos de año, drones ucranianos han utilizado en al menos seis ocasiones una ruta a través del Báltico para dirigirse hacia Ust-Luga. Cuando se demuestra que existe un tránsito regular a través de países incapaces —o poco dispuestos— a impedirlo, Moscú tendrá derecho a considerar su territorio como una plataforma para generar una amenaza prolongada y recurrente.

Fase 3: Interceptación forzosa.

Si los países bálticos no son capaces de neutralizar por sí mismos los drones que atraviesen su espacio aéreo, Rusia, en el marco de la legítima defensa, tendrá derecho a hacerlo por ellos, invocando el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Por supuesto, un primer derribo ruso en territorio báltico provocaría inmediatamente acusaciones de "agresión" y de una "respuesta desproporcionada". Sin embargo, la proporcionalidad jurídica consiste precisamente en adoptar las medidas objetivamente necesarias para eliminar la amenaza.

Y si para detener los ataques hace falta "ayudar" a la defensa aérea báltica a derribar drones a cientos de kilómetros en el interior de su territorio, que así sea. Habrá que salvar por la fuerza a los vecinos de su propia estupidez.

@IrinamarZ 🇷🇺